La fiscal María Isabel Neira Campos, que investiga el agujero de 600 millones de euros de la planta desalinizadora de ACS en Escombreras (Cartagena), se ha hartado de la gestión que ha hecho de esta empresa de capital mayoritariamente público el Gobierno de Murcia. Y por eso ha reclamado a la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Región de Murcia, María del Mar Azuar, que nombre "a un interventor judicial" para que controle los pagos que el Ejecutivo murciano abona a la firma de Florentino Pérez.
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