En un comunicado, la Fiscalía anuncia que precisamente pedirá a la sala de lo penal del Supremo que revise esta prescripción: desde 2012, el Ministerio Público entiende que el plazo de diez años debe empezar a contar desde que la víctima tiene conocimiento de su posible condición de niño robado, y no desde que cumple la mayoría de edad.El centro del debate sobre la prescripción radica, en primer lugar, sobre qué delito es la referencia para calcular esta fecha de caducidad: tanto la Fiscalía como la sección segunda de la Audiencia Provincial
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