La Xunta pagó el alquiler del domicilio de Florentino Delgado durante más de una década hasta 2016, pero éste siguió en el inmueble y el propietario denunció al Gobierno gallego por la deuda. El Gobierno gallego justificó al tiempo dejar de pagar el alquiler porque ya no se daban las condiciones de 2004 -cuando se consideró como un incentivo para ocupar la fiscalía-
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