La Consejería de Fomento otorgó dos contratos por más de cuatro millones de euros a Barveal, una sociedad sin trabajadores, sin habilitación legal para contratar con la administración, y sin habilitación legal para desarrollar su actividad. La operación de la empresa consistió en subcontratar los trabajos con otras empresas, cosa que también era ilegal porque la subcontratación estaba prohibida por el pliego.
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