Así figura en sendos escritos firmados por los fiscales Pedro Rubira, Vicente González Mota y José Perals, después de que la AVT solicitara la recusación del magistrado por afirmar el pasado abril en una mesa redonda en Tolosa que «la tortura se ha producido de manera clara, y yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte de tortura a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho».
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