La fiscalía acusa a 82 controladores aéreos de Baleares de un delito de abandono de funciones por el caos aéreo de 2010, pero no renuncia a solicitar 4 años de cárcel para cada uno por un delito de sedición. El Ministerio público acusa de forma principal a los controladores de un delito de abandono de funciones, por los que solicita una multa de 36.500 euros para cada uno y dos años de inhabilitación para ser controlador. Sin embargo, mantiene como petición alternativa cuatro años de cárcel para cada uno por un delito de sedición.
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