Las víctimas de accidentes de tren ya pueden tener acceso directo y opinar sobre las investigaciones oficiales de los siniestros que realiza la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento. Así lo obliga una directiva europea de 2004, que el Estado español no traspuso completamente a la normativa estatal hasta 2014, diez años después.
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