Una de las sociedades cuya concesión ha revertido al Estado ha recurrido ante el Tribunal Supremo el método de cálculo aprobado por el Gobierno para fijar la compensación que pagará a los acreedores de las concesionarias, mayoritariamente fondos oportunistas. La RPA podría quedarse en el entorno de los 2.000 millones de euros, muy por debajo de los más de 4.000 millones que reclaman los acreedores.
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