El régimen ofrecía ayudas a las familias “honorables” que asumieran la crianza y “prohijamiento” de las criaturas, una tarea definida como “cristiana y patriótica”. Los pagos eran de entre 60 y 270 pesetas trimestrales, dependiendo de la edad del huérfano. Se comprueba así que la dictadura no solamente sistematizó la venta de niños: también pagó “subvenciones” a familias que estuvieran dispuestas a “prohijarlos”, un mecanismo que acabaría convirtiéndose en una forma de adopción encubierta de los hijos de los “perdedores”.
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