El trabajador podría haber provocado un desfalco cercano a los 250.000 euros entre 2003 y 2015. Al parecer, solicitaba a la Gerencia un anticipo de caja para, supuestamente, comprar sellos. Ese adelanto, que él justificaba con facturas presumiblemente falsas, se le abonaba en metálico, mediante transferencia bancaria o con un cheque. Una malversación de una cantidad tan elevada y prolongada en el tiempo, puede estar penada con entre 6 a 8 años de cárcel. El delito prescribe a los diez años a contar desde el último acto de disposición.
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