Según cálculos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), el fraude eléctrico tuvo un impacto de 150 millones de euros en 2015. Las compañías eléctricas calculan que entre el 78 y el 84% del fraude corresponde a empresas y grandes consumidores. Al contrario de lo que se piensa en este sentido, las cifras demuestran que el grueso del volumen de fraude se concentra en empresas y grandes consumidores, teniendo en cuenta además que los colectivos vulnerables cuentan con la cobertura del bono social.
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