La documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que recoge estos cambios de última hora, prueba cómo Gallardón varió las condiciones de Madrid Calle 30, la empresa público-privada encargada de la reforma de la vía y su posterior mantenimiento, para garantizar que los socios privados (ACS a través de Dragados, Ferrovial y API) mantenían una rentabilidad por su participación en el proyecto del 7,053% a pesar de los cambios que estaban teniendo lugar.
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