Las dos administraciones que gestionan los servicios y las prestaciones sociales (comunidades autónomas y ayuntamientos) gastaron alrededor de 2.200 millones de euros menos en esta materia entre 2011 y 2013, al pasar de 354,02 a 306,91 euros por habitante, lo que supone un descenso del 13,3% en estos dos años. Lo que se traduce en la pérdida de unos 10.000 empleos directos. Las comunidades que más han recortado son Castilla-La Mancha (28,2% menos), Navarra (-23,2%), Murcia (-17,6%) y Extremadura (-15,4%).
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