El Consejo de Ministras pone en marcha el procedimiento tras las amenazas del nieto del dictador sobre emprender acciones legales contra el Ejecutivo. Celaá advierte que esa posible querella "no va a cambiar la decisión firme" del Gobierno de activar la exhumación. Si en el plazo de esas dos semanas la familia Franco no se pronuncia, será el Ejecutivo el que decida a dónde se trasladarán sus restos.
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