El Gobierno de Pedro Sánchez, que llegó al poder haciendo gala de la regeneración y la lucha contra la corrupción, se niega a investigar los presuntos delitos cometidos por el rey emérito Juan Carlos I contra la hacienda pública. Según la portavoz del Ejecutivo, Isabel Ceelá, estas grabaciones “afortunadamente no afectan a Felipe VI” lo que parece ser para el Gobierno, la excusa perfecta para no entrar en el fondo de la cuestión.
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