La ley establece que los menores inmigrantes que llegan solos a España, sin documentación, pueden ser sometidos a análisis de determinación de la edad. El Tribunal Supremo ha declarado ilegal una práctica que las ONG y el Defensor del Pueblo han denunciado repetidas veces: las pruebas que se realizan a menores con documentación, porque hay 'dudas' de su veracidad.
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