Lo que preveía el sector jurídico ha terminado pasando. El Gobierno decidió poner en marcha la Ley de Enjuicimiento Criminal el pasado 6 de diciembre y jueces, fiscales y abogados alertaron sobre el riesgo que corrían medio millón de procesos de ser automáticamente archivados. El motivo es que la ley otorga solo seis meses de plazo a los fiscales para revisar estas causas, algo que este martes han insistido en que será imposible de cumplir. Señalan al Gobierno y a la Fiscalía General.
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