El pasado 25 de noviembre el ministro de Interior, el opusdeísta Jorge Fernández Díaz, firmó y remitió a sus subordinados —incluidos cargos políticos— un documento en el que expone las líneas maestras, "democráticas" y "constitucionales" que regirán para crear la lista oficial de "sospechosos habituales", cómo decidir qué ciudadanos son incluidos en ella, así como los métodos para recoger y archivar datos en la ficha que tendrá cada una de las personas seleccionadas.
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