Transición Ecológica ha respondido: “De ser finalmente aprobada la proposición de ley, el Gobierno de España promoverá un recurso de inconstitucionalidad, para la inmediata suspensión de su aplicación, e instando su anulación por el Tribunal Constitucional”, reza el informe enviado este martes a Bruselas. El Gobierno intenta ganar tiempo para evitar la multa millonaria que la Comisión impondrá por incumplir la sentencia del pasado junio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Mientras la pugna política continúa, sigue sin llover.
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