Desde que se destapó que la Iglesia registró cientos -probablemente miles- de propiedades, muchas de ellas financiadas por vecinos y ayuntamientos, gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria de 1988 (modificación del artículo 206) aprobada por el gobierno Aznar, Izquierda Unida ha emprendido varias iniciativas -en la calle e instituciones- para corregir esta situación.
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