La mayoría de cajas rurales y cooperativas de crédito están exentas de pagar este impuesto desde 1990 y el texto aprobado de urgencia por el Gobierno no incluye ninguna mención que las obligue. Fuentes conocedoras del procedimiento admiten que un descuido ha generado este doble agujero. Por un lado, la nueva regulación da una ventaja competitiva a las cooperativas y por otro amenaza con reducir la recaudación.
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