Sólo desde 2012, el aparato se ha tragado casi 200.000 euros de dinero público, pese a que los visitantes del mausoleo fascista no lo pueden usar.Algunos de los contratos de mantenimiento se adjudicaron a la empresa del grupo ACS de forma irregular, según constató en 2016 el Tribunal de Cuentas.Patrimonio Nacional defiende la necesidad de seguir desembolsando fondos anualmente para su conservación aunque lleve una década cerrado al público..
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