Ni 24 horas ha tardado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en disponer de un informe remitido al Gobierno andaluz según el cual la proposición de ley integral para la no discriminación por razón de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales vulnera 'el orden de distribución de competencias establecido por el apartado 8º de la Constitución Española'.
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