Los gobiernos nacionales se niegan a dotar a la Comisión Europea de mayores competencias para supervisar el mercado automovilístico. Se discute cuánta información deben enviar los fabricantes, la transparencia de las agencias de certificación o la supervisión del sistema por partes independientes. Tras el dieselgate, la normativa es crucial para atajar el problema de la contaminación en las ciudades que proviene, en gran parte, del tráfico
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