En conceto, el decreto ley supone la modificación de la Ley 18/2009 del 22 de octubre de Salud Publica y la adopción de medidas urgente para hacer frente al riesgo de brotes de la covid-19. En la normativa aprobada se introduce un nuevo apartado que faculta a la autoridad sanitaria a tomar medidas relacionadas con “la limitación de actividades, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales”,
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