Con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, a partir del próximo 10 de diciembre la Administración General del Estado está obligada a garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública, incluyendo datos económicos como contratos, convenios, el desglose detallado de las partidas presupuestarias y las retribuciones anuales de los altos cargos.
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