Greenpeace ha vuelto a exigir hoy que el expediente en torno a la posible reapertura de la planta se someta a información pública y a un estudio de impacto ambiental con carácter transfronterizo. No es la primera vez que la organización ecologista reclama este extremo (la última vez fue el pasado 22 de junio), alegando que “ambos procedimientos son de obligado cumplimiento antes de decidir reabrir una central, según el Convenio de Espoo”.
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