¿Es posible imaginar en España una autoridad encargada de la defensa de la competencia realmente independiente? Difícil responder a esta cuestión en un país acostumbrado a la existencia de prácticas monopolísticas desde tiempo inmemorial, un país que se niega a romper el cordón umbilical que une en madeja lo público y lo privado y donde el banquero de turno y el gran empresario hacen negocios a la sombra del poder político.
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