Hacienda ha enviado entre enero y abril hasta cinco informes con explicaciones de la Intervención general de la Generalitat al juez número 13 de Barcelona, todo sin haber podido demostrar la existencia de malversación de fondos públicos para la realización del referéndum del 1 de octubre. Estos informes han sido tramitados a su tiempo al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sin que se pudiera dar pruebas de una desviación de fondo
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