El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha requerido a la Intervención General de la Generalitat que recabe los datos relativos a todas las subvenciones otorgadas por el Govern al grupo Mediapro -controlado por el empresario catalán Jaume Roures- desde el año 2015. La petición se enmarca en el procedimiento que dirige un juzgado de Barcelona por el 1-O, en el que se investiga un delito de malversación por el presunto desvío de fondos públicos a la organización del referéndum de autodeterminación
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