En 2006 España ratificó la Convención de Nueva York contra la Corrupción, de 2003. Los países firmantes se comprometieron a combatir la corrupción política, uno de los cánceres del estatismo. El artículo trigésimo tercero de este instrumento jurídico insta a la promulgación de leyes que garanticen la protección efectiva a los alertadores y denunciantes de tramas de corrupción política. Sin embargo, España sigue resistiéndose a proteger legalmente a sus whistleblowers.
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