En Estados Unidos, desde 1978 está vigente el Presidential Records Act, aprobado para evitar que las evidencias del caso Watergate fueran destruidas por Nixon. Desde entonces, los documentos y registros presidenciales son propiedad del pueblo estadounidense. Sin embargo, esta legislación ha sido en gran parte ignorada por la administración Trump, quien tiene por costumbre romper los documentos que pasan por sus manos, hasta el punto de que parte del personal de la Casa Blanca ha tenido que dedicarse a pegarlos de nuevo.
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