Pero en los meses en vigor de esta nueva normativa, la principal inquietud de los despachos de abogados era el tratamiento de las líneas de avales por 120.000 millones que abrió el Gobierno para intentar paliar las consecuencias de la pandemia. La cuestión está en las empresas que hayan recibido las ayudas estatales y no hayan podido enderezar el rumbo y se vean abocadas a la quiebra.
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