El Instituto de Crédito Oficial (ICO), el banco público adscrito al Ministerio de Economía, se gastó casi 100.000 euros (96.630 euros) en indemnizar a dos directivas cuyo cese, en enero y febrero de 2012, le habría salido gratis de haberse producido sólo unos días después, tras la entrada en vigor de la reforma laboral por la que el Gobierno de Mariano Rajoy abarató drásticamente el despido.
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