Resulta muy difícil de asumir la incomprensible impunidad de que parece gozar el patriarca de un clan con numerosos frentes judiciales abiertos. Nos referimos a Jordi Pujol Soley, de quien la Agencia Tributaria concluye que dejó de tributar 885.651 euros por su fortuna oculta en Andorra. Hacienda le atribuye personalmente un fraude fiscal, pero concluye que está prescrito y que por tanto no tiene que pagar ninguna sanción. Nos preguntamos por qué se tardó tanto en empezar a investigar a alguien que robó el dinero de los ciudadanos.
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