La existencia, el uso y, sobretodo, el abuso de esta institución lleva a pensar que ni existe realmente la división de poderes y que el poder judicial, por muy independiente que pretendamos que sea, termina estando sometido al ejecutivo que caprichosamente -pues no fundamenta de cara a la opinión pública la resolución adoptada- modifica y deja sin efecto una sentencia firme que ha sido dictada en un proceso judicial desarrollado con todas las garantías constitucionales y legales que protegen a todas las partes de dicho proceso.
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