Iniciar un procedimiento judicial o verse involucrado en uno supone una serie de gastos que no todo el mundo quiere o puede permitirse. Para todos estos casos se introdujo en el año 1996 el beneficio o derecho a asistencia jurídica gratuita en España. La Constitución Española afirma que el derecho a la justicia será gratuito cuando la Ley así lo establezca, y siempre que se carezca de ingresos para poder litigar.
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