En ese informe,Antonio Asenjo, el que era responsable de Seguridad de la eléctrica, admite que el dinero pagado a Castellana de Seguridad (Casesa) servía para “pillar” a políticos que se oponían a los planes del grupo y comprar los favores de otros. Una unidad que quería instalar una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz), con una inversión de 900 millones de euros y que había chocado con la oposición del ayuntamiento de la localidad andaluza..“El objetivo es lograr que la oposición del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera,
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