Un informe de la Intervención General del Estado corrobora que el Ministerio de Medio Ambiente adjudicó en 2003 a la empresa donante en negro del PP, Constructora Hispánica, un contrato en Santoña a pesar del informe del interventor que advirtió de la manipulación de las puntuaciones del concurso y del incumplimiento de la ley por los sobrecostes.
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