En concreto, la propuesta de informe indica que "hay aspectos esenciales que se han dejado para el desarrollo reglamentario" cuando deberían ser regulados "siquiera a través de una ley ordinaria", ya que "se ven concernidos derechos de raigambre constitucional —intimidad y vida privada y autodeterminación informativa— que entran en liza y cuya confluencia debe ser resuelta mediante la aplicación de principios constitucionales".
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