Se trata de la primera fase de una campaña para garantizar que las trabajadoras domésticas cobran al menos el salario mínimo, por la que 25.366 hogares han regularizado lo que pagaban a sus empleadas tras el toque de atención de la Inspección. En concreto, la iniciativa busca garantizar que las empleadas no cobran por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI).
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