El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha apelado a la confidencialidad de los contratos para negar al Congreso de los Diputados la información sobre las condiciones que han de cumplir las empresas privadas de seguridad a las que ha adjudicado la vigilancia de las cárceles. La misma “confidencialidad” que la derecha política reprocha al profesor y dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero en sus contratos privados para realizar estudios e informes técnicos para clientes extranjeros le sirve ahora al Ejecutivo del PP para esquivar
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