Ante el varapalo del Reino Unido, que anticipaba una negativa a la extradición por el delito de sedición por el que se han sido condenados los líderes independentistas, el Ejecutivo puso en marcha el dispositivo que involucró al Ministerio de Justicia, al de Exteriores, a Moncloa –a través de una de las manos derechas de Sánchez, el Secretario General de Asuntos Internacionales, Unión Europea, G20 y Seguridad Global, José Manuel Albares– y vicepresidencia de Gobierno, que coordinó las actuaciones.
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