En diciembre de 2010 la Oficina Europea Antifraude(OLAF) abrió la investigación sobre las irregularidades cometidas por la Autoridad Portuaria de Gijón como responsable de los trabajos realizados. El informe no solamente no acepta el 43% de aumento, 250 millones, sino que dadas las irregularidades y/o fraude en la gestión de la Ampliación, considera revocable la financiación de 530 millones de la obra.
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