Los expertos consultados por este periódico concretan esas medidas en varias esenciales: mayor dotación presupuestaria de la Justicia, que permitiría agilizar los procedimientos, mayor exigencia de la “ética pública” de nuestros políticos, una modificación amplia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de hace más de 130 años, y más recursos y autonomía para los organismos fiscalizadores.
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