Este jueves se cumplirá un año desde que dos asociaciones andorranas solicitaron ampliar la querella criminal por la extorsión a la Banca Privada d'Andorra en 2015, que acabó con la liquidación de la BPA, e imputar también al entonces presidente del Gobierno español y a dos de sus ministros, en base a las confesiones de Villarejo. En este tiempo se ha confirmado la participación de la brigada política de Interior en acciones encubiertas contra partidos y políticos catalanes soberanistas.
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