La magistrada ordena a cinco entidades bancarias que le informen sobre las "cuentas u otros productos contratados" por el matrimonio entre abril de 2008 y diciembre de 2013. Quiere saber el origen y destino final de los 741.000 euros que el expresidente de la Comunidad de Madrid y su esposa pagaron en diciembre de 2012 para hacerse con la vivienda de lujo tras estallar el escándalo.
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