En un escrito en el que rechaza su recusación, el magistrado relata hasta 80 episodios de amenazas y agresiones hacia testigos e instructores. Incluso hay periodistas comprados: "Tienes que coger a dos o tres periodistas y darles 1.000, 1.500 o 2.000 euros cada mes", dijo Cursach a un interlocutor. El magistrado usa el escrito de recusación para criticar al Estado por la "situación de desamparo" en la que se encuentran los testigos. Penalva cree que el Ministerio del Interior no "les dispensa la protección que precisan y merecen".
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