Una sentencia del Juzgado expone al Ayuntamiento de Alicante al riesgo de tener que anular el cobro de aquellos impuestos municipales frente a los que se hayan presentado reclamaciones todavía en curso o que puedan presentarse en lo sucesivo. Por el incumplimiento de una obligación legal que resulta preceptiva desde hace 13 años: la creación de un órgano específico para la resolución de posibles recursos relacionados con la gestión, liquidación o recaudación de tributos de competencia municipal.
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