El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, Jerónimo Alonso, ha imputado a Pedro San Ginés un presunto delito de prevaricación y otro de coacciones, por el modo en el que ordenó y ejecutó la incautación de la desaladora de Montaña Roja. Además de no contar con autorización judicial para ello, el presidente del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas ha reconocido en los Juzgados que tampoco tenía informes jurídicos por escrito que avalaran tal decisión antes de adoptarla.
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